Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha reforzado su agenda migratoria con medidas más estrictas en comparación con su primer mandato. Si bien su enfoque en la seguridad fronteriza y la restricción del acceso a beneficios para migrantes ya había sido una constante en su administración anterior, las nuevas políticas han profundizado el impacto en las comunidades migrantes, con un énfasis particular en las mujeres y familias.
Deportaciones y restricciones más severas al asilo
En su primer mandato, Trump implementó el programa “Permanecer en México”, oficialmente conocido como Migrant Protection Protocols (MPP). Esta medida obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos eran procesados en Estados Unidos, en lugar de permitirles permanecer en territorio estadounidense.
Además, la organización HIAS informa que las nuevas políticas han cerrado completamente el acceso a los puertos de entrada para los solicitantes de asilo, y los funcionarios de la CBP ahora tienen la autoridad legal para expulsar a las personas a México sin iniciar un proceso de deportación, eliminando la oportunidad de solicitar asilo.
Sin embargo, en su segunda administración, las restricciones al asilo se han endurecido aún más, reduciendo drásticamente la cantidad de solicitudes aprobadas y dificultando los procesos legales para quienes buscan protección. Aunque en enero de 2025 se registraron 37.660 deportaciones—una cifra inferior al promedio mensual de 57.000 deportaciones durante el último año de Joe Biden, según El País—se anticipa que estas tasas aumenten en los próximos meses debido a la implementación de nuevas estrategias para intensificar los arrestos y expulsiones. Estas medidas han afectado particularmente a madres migrantes que huyen con sus hijos en busca de seguridad y estabilidad.
Por su parte, según Houston Chronicle—la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado demandas contra la expansión de las deportaciones aceleradas, argumentando que esta práctica podría llevar a la deportación de individuos por delitos menores, no solo criminales peligrosos, y plantea preocupaciones sobre discriminación racial.
Eliminación de beneficios y protección para grupos vulnerables
Durante su primer gobierno, Trump intentó restringir beneficios como el TPS y el “parole” humanitario. Pero, en su segundo mandato, estas políticas han sido eliminadas casi por completo, dejando a miles de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. Muchas de ellas enfrentan riesgos adicionales, como la violencia de género y la falta de acceso a servicios básicos. Además, el regreso forzado a sus países de origen representa un peligro significativo, ya que muchas de estas mujeres huyen de contextos de violencia, persecución y crisis humanitarias que ponen en riesgo su vida y la de sus hijos.
Aunque algunas personas han recurrido a abogados y otras estrategias legales para intentar regularizar su situación, las posibilidades de éxito son mínimas y solo una pequeña fracción logrará obtener algún tipo de protección, (si nos basamos en datos históricos sobre la tasa de aprobación de solicitudes de asilo en Estados Unidos).
Además, de acuerdo a https://immigrationforum.org/, el aumento significativo en el número de solicitudes de asilo ha generado retrasos considerables en el procesamiento de casos. En el año fiscal 2022, El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió alrededor de 239,000 solicitudes de asilo afirmativo, un récord histórico que ha contribuido a una acumulación de casos pendientes. Se estima que el tiempo de espera para una resolución puede superar los seis años.
Mayor criminalización y vigilancia sobre la comunidad migrante
Si bien el primer mandato de Trump ya incluía medidas estrictas de control migratorio, en su segunda administración se ha intensificado la presencia militar en la frontera y se han autorizado redadas en espacios anteriormente protegidos como escuelas y hospitales. Esto ha puesto en riesgo la estabilidad de muchas familias encabezadas por mujeres migrantes, que ahora temen acceder a servicios esenciales por miedo a ser deportadas.
Tal como lo dice el diario El País, las políticas antiinmigración han generado un ambiente de miedo que disuade a profesionales cualificados y trabajadores necesarios en sectores como cuidados y hostelería, afectando la estabilidad de las familias migrantes. Además, las ciudades santuario, como Filadelfia, que han desafiado abiertamente las políticas migratorias de Trump, enfrentan una creciente presión. Su acceso a fondos federales ha sido amenazado, lo que pone en peligro los servicios y protecciones que ofrecen a los migrantes, dejándolos aún más expuestos a la detención y deportación.
Ataque a los derechos de las mujeres migrantes
Una de las diferencias más preocupantes es la eliminación del derecho a la nacionalidad por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, una medida que ha sido temporalmente bloqueada en los tribunales. Esto afecta directamente a miles de mujeres migrantes que buscan un futuro estable para sus hijos en Estados Unidos.
La eliminación de este derecho no solo pone en riesgo el estatus legal de los niños nacidos en territorio estadounidense, sino que también agrava la precariedad de sus madres, quienes enfrentan barreras adicionales para regularizar su situación y la de sus familias.
Muchas de estas mujeres, al no contar con un estatus migratorio estable, se ven forzadas a vivir en la sombra, con un acceso aún más restringido a servicios de salud, educación y empleo digno. Esta medida podría además, generar un aumento en la separación de familias, ya que los hijos de inmigrantes indocumentados estarían más expuestos a la deportación o a quedarse sin reconocimiento legal en el país donde nacieron.
Entonces, ¿un panorama más difícil para las mujeres migrantes?
Mientras que la política migratoria de Trump 1 ya presentaba múltiples desafíos para la comunidad migrante, la segunda administración ha profundizado la crisis con restricciones más severas y una criminalización más intensa. Las mujeres migrantes, en particular, enfrentan un futuro incierto, con menos protecciones y un acceso más limitado a derechos fundamentales, ¿conoces cuales son? descúbrelos en nuestra cápsula informativa sobre: Lo que TODO inmigrante en EE. UU. debe saber aquí.
Como señala la activista mexicana Bárbara Arredondo en una entrevista al diario El País: “Frente a líderes que promueven recortes de derechos, es imperativo que las latinoamericanas alcemos la voz y defendamos nuestras decisiones para crear un mundo mejor”.
