El acceso a la atención médica no es un privilegio sino un derecho humano

Vayamos al grano: sobre el papel, las personas migrantes deben tener acceso a la salud. Sin embargo, la realidad es distinta. 

Uno de los mayores desplazamientos humanos se está produciendo en América Latina, donde se estima que 15 millones de personas son ahora migrantes. De hecho, la frontera entre Estados Unidos y México comprende el corredor migratorio más grande del mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

La migración y el desplazamiento a menudo afectan la salud física y mental y el bienestar de las personas, especialmente de aquellas que se vieron obligadas a huir de sus hogares, puede dejar un impacto particular en las personas desplazadas a través de las fronteras o dentro de su propio país y aquellas en situación irregular o con vulnerabilidades y necesidades específicas de salud y protección.

No es secreto para nadie que los refugiados y migrantes pueden enfrentar muchos factores, como su estatus migratorio; políticas migratorias nacionales; y barreras lingüísticas, culturales, económicas y sociales que a menudo dificultan su acceso a los servicios de salud.

Por lo que es fundamental que los países cuenten con sistemas de salud fuertes e inclusivos, equipados con los conocimientos y herramientas necesarios para ayudar al personal de salud a satisfacer las necesidades y derechos sanitarios de estas poblaciones y avanzar en la agenda.

 
 

Los países de donde provienen la mayoría de los migrantes actuales, junto con las circunstancias de vida que enfrentaban en su país de origen, los pone en mayor riesgo de tener un estado de salud subóptimo. Las condiciones crónicas como la diabetes, la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas y la desnutrición son frecuentes entre los migrantes. 

 

Además, su situación actual los pone en mayor riesgo de enfermedades de salud mental, como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y abuso de sustancias.



Muchos migrantes tienen trabajos informales y carecen de cobertura de salud, lo que los disuade aún más de acudir al sistema regular para obtener servicios de prevención o atención médica.
 

 

¿Qué pasa con el sistema de salud en EE.UU?

La legislación estadounidense prohíbe al personal médico cuestionar sobre la situación migratoria de un paciente y tampoco permite que los profesionales en la salud compartan su estatus.

 

En cuanto a las clínicas y hospitales gratuitos, cada estado y cada condado tiene habilitado un enorme número de centros de atención médica gratuitos o de bajo costo, que ascienden a más de 3.000 en todo el país.

 

Los inmigrantes indocumentados, por su parte, no son elegibles para los programas de seguro médico público financiados por el gobierno federal, incluidos Medicare, Medicaid y el Programa de seguro médico para niños (CHIP).

 

Aunque la mayoría de beneficios se encuentran restringidos para aquellos que no cuenten con documentación, la ley obliga a los centros médicos a atender todas las emergencias, especialmente en casos de gravedad, en los que corra peligro una vida.

Las mujeres en estado de embarazo que no cuenten con documentos también pueden acceder a controles prenatales y asistencia de parto, aunque su estatus de ilegal no le permite gozar de todos los beneficios del sistema de salud, al bebé sí le corresponden los servicios de atención médica. 

 

 

Aunque muchos migrantes cruzan a los EE. UU. con la esperanza de encontrar seguridad y oportunidades, las barreras a los servicios de atención médica pueden durar toda su vida.

 

Según la Agencia de la Naciones Unidas para la Migración y el Reporte Mundial de Migración, EE.UU fue la tercera región en el planeta con mayor número de flujo extranjeros, registrando 58.7 millones de personas, en el 2020.

 

Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2022 muestra que los migrantes no representan un mayor riesgo para la salud de los países de acogida y son innatamente saludables. En algunos casos, incluso más saludables que la población de acogida. Sin embargo, son más susceptibles a la infección debido al aumento de los factores de riesgo ambientales relacionados con sus condiciones de vida y de trabajo.

 

 

Entonces, ¿en cuáles manos está la atención médica de los migrantes?

 

La mayor parte de la atención médica que se brinda a los migrantes (incluidos los indocumentado) sestá en manos de proveedores de la red de seguridad, incluidos hospitales públicos y sin fines de lucro, centros de salud comunitarios calificados a nivel federal (FQHC) y centros de salud para migrantes.

 

Pero hay que tener en cuenta que la posibilidad de recibir cobertura médica, producto de programas estatales o federales, depende del estado o la ciudad donde se viva, pues no hay una norma nacional que aplique igual en todo el país.

 

Cuando no se tiene ninguna póliza privada ni ninguna cobertura médica, y con una factura por pagar de varios miles de dólares, esos hospitales dan a las personas la posibilidad de pagar el servicio en cuotas mensuales.

 

 

¿Hay una solución a corto plazo?

 

La solución a corto plazo a la crisis migratoria y el acceso a la atención médica estará completamente en manos de los gobiernos federal y local. Los inmigrantes no son el problema. Más bien, las causas que impulsan a las familias e individuos a cruzar las fronteras y las formas poco realistas en que los políticos responden a ellas, son el verdadero problema. 

 

La situación de crisis no es la cantidad de migrantes que buscan protección, sino la falta de respuesta ordenada del sistema de gobierno.

 

El costo de no brindar atención médica a los inmigrantes es alto, pero no tan grave como muchos piensan. Un estudio realizado por Fernando A. Wilson en 2020 mostró que los gastos anuales por persona fueron de $1629 para inmigrantes no autorizados y $3795 para inmigrantes autorizados en comparación con $6088 para personas nacidas en los EE.UU.

 

En una publicación de 2019 de Steven A. Camarota, se estimó que permitir el acceso de inmigrantes ilegales de bajos ingresos y sin seguro a los programas financiados por el gobierno federal probablemente costaría a los contribuyentes alrededor de $10 mil millones por año, suponiendo que muchos optarán por no inscribirse, con costos que podrían aumentar hasta $ 23 mil millones.

 

 

La migración genera más barreras para la salud, incluida la falta de acceso a medicamentos, vacunas y servicios de salud mental.
 

Alineados con todo esto, y buscando reforzar la visibilidad sobre la salud de los migrantes en EEUU, en nuestro III Congreso, estaremos debatiendo y llevando al frente la temática sobre la salud de las mujeres hispanas, fuera de sus fronteras. ¡Atentas a lo que se viene!

 

 

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Nathaly Bosch

Colaboradora para CIMMT.

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