¿Te imaginas estar en tu casa y que la policía toque tu puerta y te detenga solo por salir en un video protestando?
¿Qué harías si el simple acto de protestar en tu país te expusiera a la tortura psicológica y física en una celda de detención?
¿Te imaginas estar separada de tu familia y sometida a tratos crueles solo por alzar tu voz en un momento de crisis política?
¿Qué harías si, de repente, un acto de valentía en una protesta te llevara a enfrentar condiciones de detención inhumanas sin ningún tipo de juicio justo?
Esta es la dura realidad que enfrentaron y enfrentan muchas mujeres en Venezuela hoy en día.
En medio de una crisis política sin precedentes, la represión contra los opositores se ha intensificado, llevando a miles de personas a ser privadas de libertad en condiciones inhumanas. Las mujeres, en particular, están sufriendo en un contexto donde el respeto a los derechos humanos parece haberse desvanecido.
Contexto general:
En el contexto de las protestas postelectorales de 2024 en Venezuela, la situación de los presos políticos ha alcanzado niveles alarmantes. Según la ONG Foro Penal, hasta el 30 de septiembre, se han registrado 𝟭.𝟴𝟲𝟳 presos políticos, (1723 solo desde el 29/07/2024), de los cuales 1637 son hombres y 230 mujeres; y de ellos, 1799 son adultos y 68 adolescentes.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha documentado las deplorables condiciones en las que se encuentran estas mujeres, que incluyen hacinamiento extremo y falta de acceso a servicios básicos.
Desde el 2014 hasta el 2024, la ONG Foro Penal ha registrado un total de 17,609 detenciones políticas en Venezuela. Aunque cerca de 14.000 personas ya han sido liberadas, actualmente existen 1.834 presos políticos, lo que representa la cifra más alta registrada hasta ahora en el país. De estos, 1.692 fueron arrestados desde el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales. Entre los detenidos, 1.608 son hombres y 226 son mujeres, y hay 60 menores de edad.
Además, según diversas ONGs y voceros de derechos humanos (El Diario), en los primeros días posteriores a las elecciones del 28 de agosto, hubo un aumento significativo en las detenciones arbitrarias, afectando a adolescentes, personas con discapacidad, miembros de comunidades indígenas y mujeres. Las autoridades han sido acusadas de utilizar las leyes y poderes públicos para enjuiciar a personas cuyo único “delito” ha sido: pensar diferente.
La realidad de las mujeres detenidas:
Las mujeres detenidas están siendo recluidas en condiciones precarias, en celdas con capacidad para diez personas, con un suministro insuficiente de agua. Además, la falta de separación por género y la convivencia con hombres en las mismas celdas aumentan el riesgo de violencia sexual y de género.
La Ley Venezolana para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de libertad debe ser una medida de último y por el menor tiempo posible. Sin embargo, estas normativas parecen no aplicarse en la práctica.
Violaciones de derechos:
El OVP y otras organizaciones han denunciado una serie de violaciones graves, incluyendo el hacinamiento extremo y condiciones de salud deficientes. Las mujeres detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida” en Miranda enfrentan condiciones deplorables. La falta de agua y servicios básicos pone en riesgo su salud y bienestar.
Además, “la mayoría de estas detenciones corresponden a mujeres que viven en sectores populares y ni ellas ni sus familias cuentan con los recursos económicos para costear gastos de traslado a los centros penitenciarios donde fueron llevadas las detenidas y, sumado a ello, no pueden verlas” (Caleidoscopio Humano).
Consecuencias de la detención:
Las detenciones arbitrarias y las condiciones inhumanas tienen efectos duraderos. La falta de acceso a una defensa adecuada y las violaciones de los derechos procesales, como la falta de acceso a un abogado privado y la realización de audiencias virtuales, agravan la situación. “Las detenidas no tuvieron el derecho a la defensa de un abogado privado o de su preferencia, todo lo contrario, se les fue asignado un abogado público y las audiencias se han realizado de forma virtual, especialmente para las mujeres detenidas en las regiones del país, puesto que los únicos tribunales con competencias en terrorismo, delitos del que son acusadas, tienen su sede en Caracas. Ello constituye una violación a la garantía del debido proceso” (Caleidoscopio Humano).
Testimonios:
Entrevista con Ana Pérez (seudónimo), una mujer que fue detenida en medio de las protestas:
“Fue un momento aterrador. Nos llevaron a una celda llena de gente y no había suficiente agua para todas. Nos trataban con tanta indiferencia, y la falta de privacidad nos expuso a situaciones extremadamente incómodas y humillantes.”
Entrevista con Carla Rodríguez (seudónimo), madre de una adolescente detenida:
“Mi hija fue arrestada sin razón aparente, y desde entonces ha sido tratada de manera inhumana. La comida que recibe es escasa y de mala calidad, y la situación es desesperante. La violencia que enfrenta a diario es una verdadera tortura.”
Llamado a la acción:
El panorama desolador de las mujeres detenidas en Venezuela es una llamada de atención para la comunidad internacional y para todos aquellos que defienden los derechos humanos. Es crucial que se realicen esfuerzos concertados para asegurar la liberación de las detenidas y para exigir una mejora en las condiciones carcelarias.
La presión de la sociedad civil y las organizaciones internacionales puede marcar la diferencia. “El Artículo 7 [de la Convención Americana sobre Derechos Humanos] establece la garantía de la libertad personal, donde el Estado debe garantizar a toda persona el derecho a la libertad personal y la seguridad. Asimismo, toda persona debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin ningún tipo de demora. Debe existir razón suficiente para ello y estar regulada en una ley previamente, de lo contrario, se configura la detención arbitraria” (Caleidoscopio).
Este reportaje es obra de dos venezolanas que vivieron de cerca la lucha y las marchas de 2012 y 2017, momentos cruciales en nuestra búsqueda de libertad y justicia. Aunque nos vimos obligados a dejar nuestro país, nuestras raíces y nuestro compromiso con Venezuela siguen tan fuertes como siempre. La distancia no puede romper el vínculo que tenemos con nuestra tierra y su gente. En cada palabra de este informe, llevamos con nosotras el grito de quienes todavía buscan justicia en Venezuela.
Esta es nuestra forma de seguir luchando, de mantener viva la esperanza y de elevar nuestras voces en solidaridad con quienes aún enfrentan la dura realidad de ser detenidos por ejercer sus derechos fundamentales.
——————————
Fuentes:
Foro Penal.
El Diario.
Observatorio Venezolano de Prisiones.
Noticiero Digital.
