En 2023 en Estados Unidos vivían 47,8 millones de inmigrantes entre naturalizados, residentes permanentes y temporales e inmigrantes no autorizados. Al mismo tiempo, alrededor de un millón solicitaba asilo en la frontera sur, según el Pew Research Center. Dos años después, la estabilidad que estas personas pretendían sostener en el país se desvaneció.
El comienzo de la administración Trump-JD Vance el 20 de enero de 2025 ha tenido entre los puntos álgidos de su agenda política el ataque a la población migrante en nombre de la “seguridad nacional” y la protección de sus fronteras.
Un aumento de soldados en la frontera sur, despliegue de agentes de ICE y deportaciones de indocumentados a terceros países, atemorizan a la comunidad migrante. Tanto así que “cuatro de cada diez inmigrantes (43 %) afirman estar muy preocupados o algo preocupados, lo que supone un aumento con respecto al 33 % registrado en marzo”, explica el Pew Research Center en informe publicado el 27 de junio de 2025.
Añaden que “el 34 % de los adultos nacidos en Estados Unidos con al menos un progenitor inmigrante (segunda generación) están preocupados por las deportaciones, al igual que el 17 por ciento de los que tienen padres nacidos en Estados Unidos (tercera generación o superior)”.
El Pew Research Center puntualiza que “en junio de 2025, 51,9 millones de inmigrantes vivían en EE. UU., lo que representaba el 15,4 % de la población nacional. Esta cifra representaba una disminución con respecto a enero, cuando se registró una cifra récord de 53,3 millones de inmigrantes en EE. UU., lo que representaba el 15,8 % de la población del país, el porcentaje más alto registrado.
Acota que la cifra tiene margen de errores debido a una menor tasa de respuestas a las encuestas entre migrantes.
El miedo a la denuncia y deportación es hoy una realidad de las comunidades migrantes que influye notablemente en su implicación en espacios de participación ciudadana. Sin embargo, el panorama migrante actual no surgió de forma expedita sino que tiene claros antecedentes en el mandato de 2017-2020 de Donald Trump.
Primer mandato. La antesala
El 25 de enero de 2017 Donald Trump publicó la Orden Ejecutiva 13767 y la 13768 que ordenaban la construcción de un muro en la frontera con México y el despliegue de 10.000 oficiales de inmigración para deportar aceleradamente a inmigrantes acusados de delitos. Además, la Orden expresaba que “las jurisdicciones santuario en todo Estados Unidos violan deliberadamente la ley federal para proteger a los extranjeros de la deportación. Estas jurisdicciones han causado un daño inconmensurable al pueblo estadounidense y a la esencia misma de nuestra República”.
También se establecieron limitaciones de entrada a viajeros provenientes de países que, a consideración del gobierno estadounidense, se negaban a brindar información sobre políticas antiterroristas e incumplían con los estándares de gobernabilidad norteamericanos.
Las posiciones antimigratorias continuaron con como la Orden 13768 que orientaba “ apoyar a las víctimas ya las familias de las víctimas de medidas de delitos cometidos por extranjeros deportables” al capturar a los inmigrantes. Sin embargo, entre marzo y noviembre la administración ordenó “La Iniciativa El Paso” (capturar a inmigrantes indocumentados en la frontera y llevarlos a centros de detención para ser enjuiciados), lo que implicó separarlos de sus hijos. Aunque esta fue una prueba piloto, alrededor de 280 familias fueron separadas, según un informe del Departamento de Justicia.
En abril de 2018, el Departamento de Justicia dictó la Ley de Tolerancia Cero para cualquier entrada no autorizada al país previa conciencia de las separaciones familiares. La orden recibió demandas y descontentos, pero la administración insistió en su necesidad:
El Departamento de Justicia no avisó al Departamento de Seguridad Nacional, ni a la Fiscalía, ni al Servicio de Marshals sobre sus funciones en esta ley. Esta última declaró no tener políticas ni procedimientos para facilitar la comunicación entre padres e hijos.
Esto provocó que las separaciones fueran aleatorias perdiendo el rastro de conexión entre padres transferidos al USMS (United States Marshals Services) e hijos bajo vigilancia del DHS (Department of Human Services). Incluso se le solicitó a la USAO (United States Attorney’s Office ( Fiscalía de los Estados Unidos ) una lista de los niños y sus padres, pero no pudo completarla aceptando que no tenían esa información.
Tras numerosas protestas de jueces federales y populares, en junio de 2018 se pone fin a esta política. Sin embargo, según declara la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de USA (DOJ), entre el 5 de mayo y el 20 de junio de 2018 más de 3 mil menores de edad fueron separados de sus padres al cruzar la frontera.
El 9 de noviembre de 2018 se aprobó la Proclamación 9822 que continuaba el enfrentamiento migratorio, ordenando la deportación acelerada a México de quien, desde la frontera sur, intentara entrar al país sin autorización y no tuviera razones de miedo creíble que justificaran su entrada al país.
En enero de 2019, el enfrentamiento migratorio se reforzó con 1375 millones de USD destinados a la construcción del muro y bajo el alegato de una crisis humanitaria en la frontera, el gobierno desarrolló el estado de Emergencia Nacional (Proclamación 9844) por la que dispensó 8 mil millones de USD más.
Se puso en marcha la campaña Quédate en Mexico “Remain in Mexico (MPP”) que afectaba sobre todo a migrantes suramericanos que esperaban su proceso de asilo en ese país. Su refuerzo fue Third-Country Transit Bar , otra declaración de julio de ese año que negó el asilo a quienes no lo solicitaron en “un tercer país por el que transitaron en su ruta hacia Estados Unidos”.
En suma, otra Orden dictaba que ser una “carga pública”, recibir beneficios de SNAP, Medicaid o asistencia pública de vivienda era un agravante para solicitar la residencia. Según una estimación de Kaiser Family Foundation en 2019, “el 79% de los residentes no ciudadanos que ingresaron originalmente a Estados Unidos sin residencia legal permanente presentan al menos una característica que podría perjudicarlos bajo la nueva regla de “carga pública”. Y sobre una quienes recibieron beneficios médicos señala que “ entre 2 y 4,7 millones de beneficiarios de Medicaid o CHIP” podrían renunciar a los programas para no afectar su Green Card.
En 2020, con la llegada de la pandemia se limitó la entrada de extranjeros provenientes de China y se hicieron declaraciones que culpaban al país de la propagación del virus lo que incitó la xenofobia dentro y fuera del país.
Se aplicó también el Título 42 que, en pos de proteger la salud pública, prohíbe la entrada de personas provenientes de países con enfermedades transmisibles. Esta fue la primera vez que se usó para multas de control migratorio. Así, se ordenó la expulsión inmediata de quienes llegaban a la frontera. Según el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), entre el 21 de marzo de 2020 y el 11 de mayo de 2023, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. UU. (USBP) y Oficina de Operaciones de Campo ( USBP y OFO respectivamente por sus siglas en inglés), expulsaron a 579.084 migrantes bajo el Título 42.
En este mandato también se intentó una “transición ordenada y liquidación” de DACA (Acción Diferida para los llegados en la infancia) para ilegalizar a los menores de edad migrantes que ya residían en el país, pero la Corte Suprema rechazó la petición.
Unido a la intención de eliminar las ciudades santuario y la búsqueda de alternativas para solicitar la identificación de votantes aún después de ser vetada por La Corte demostrando una posición antimigratoria prioritaria dentro de la política presidencial.
Entre bucles y nuevas fronteras (Segundo mandato)
En 2023, durante el mandato de Joe Biden, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) informó que un total de treinta y un millones de inmigrantes trabajaban en Estados Unidos, lo que representaba cerca del 19 por ciento de la población activa civil. Los regularizados o no representaban el 67 por ciento de la población activa superando por 5 puntos porcentuales la de quienes nacieron en Estados Unidos.
No obstante, la campaña antimigratoria ha sido el foco de la actual administración. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025 implementó el programa “Securing Our Borders” alegando que “Estados Unidos ha sufrido una invasión a gran escala sin precedentes” y que la administración movilizará “todos los recursos y autoridades disponibles” para detenerla.
Entre esas medidas está la orden de construir un muro físico y desplegar personal suficiente en la frontera sur, tal y como se propuso en el primer mandato. Se ordenó prevenir la entrada de extranjeros sin autorización, detenerlos en “la medida de la máxima autoridad”, expulsarlos “sin demora” y terminar con la política de captura y liberación que permite a los migrantes entrar en el país, luego de ser detenidos en la frontera y analizada su posibilidad de entrada. Además, pidió un mayor escrutinio para validar las relaciones familiares entre extranjeros encontrados o detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional.
Lo anterior era solo el inicio. Donald Trump ordenó a ICE irrumpir en espacios considerados santuarios como las escuelas, hospitales, cultos y comunicó la deportación de 538 indocumentados. En tanto, nombró a Kristi Noem Secretaria de Seguridad Nacional quien, bajo el lema de Make America Safe Again, comanda los operativos de detención y criminalización hacia los migrantes: “Los intentos de cruzar ilegalmente la frontera se encuentran en los niveles más bajos jamás registrados. Se ha detenido a más de 100.000 inmigrantes ilegales. Si estás aquí ilegalmente, tú serás el siguiente”.
Este discurso no dista mucho del defendido en 2018 por Session, Fiscal General del primer mandato, durante la política Tolerancia Cero cuando dijo: “Si cruzas una frontera ilegalmente te procesaremos”.
Meses más tarde les terminó el estatus legal a alrededor de 500.000 migrantes que habían entrado de forma legal por esta vía. Todos recibieron una carta que les pide autodeportarse a cambio de asistencia de viaje y un bono de 1.000 usd, lo que se traduce en, mínimo, 500.000.000 USD presupuestados para este fin.
¿Cómo la migración aceptada se convierte en ilegalizada y peligrosa?
A la persecución fronteriza se unió la interna. El mandato 47 cerró la aplicación «CBP One» “como método para conceder la libertad condicional o facilitar la entrada” y el Programa de Parole Humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), habilitado el 5 de enero de 2023. Estos ciudadanos debían tener un patrocinador en Estados Unidos que les proporcionará apoyo financiero y además debían someterse a un “riguroso control de seguridad” desarrollado por las propias autoridades de inmigración en USA. Sin embargo, la administración actual la suspendió y pidió una nueva revisión de los casos.
Meses más tarde les terminó el estatus legal a alrededor de 500.000 migrantes que habían entrado de forma legal por esta vía. Todos recibieron una carta que les pide autodeportarse a cambio de asistencia de viaje y un bono de 1.000 usd, lo que se traduce en, mínimo, 500.000.000 USD presupuestados para este fin.
El 2 de febrero también eliminó el Temporary Protected Status (TPS) para haitianos, hondureños, nepalíes, nicaragüenses, venezolanos y afganos, alegando que las condiciones de petición no son aplicables.
Esta ley se creó desde 1999 para refugiar a migrantes de países como Etiopía, Siria, Yemen, Ucrania, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, Venezuela, Sudán del Sur, Somalia,Nepal, Camerún, Myanmar y Afganistán por estar en peligro armado o medioambiental, la misma ofrece permisos de trabajo, protección contra deportación y autorizaciones de viaje a migrantes por razones humanitarias en sus países de origen.
Los datos revelan que alrededor de 1 millón 226 mil 557 personas han sido aceptadas por el país en virtud del TPS y serían ilegalizadas si carecen de vías para regularizar su estatus. Las razones de la eliminación, según USCIS se refieren a que esos países mejoraron sus capacidades de respuesta a desastres medioambientales y experimentan un crecimiento económico, o, en los casos de Haití, Venezuela y Afganistán, a que los ciudadanos representan un supuesto peligro para la seguridad nacional.
Hay plata para los campos del miedo
También, el 3 de febrero de 2025, el Secretario de Estado Marco Rubio en reunión con el presidente de El Salvador Nayib Bukele, establece un acuerdo para enviar a este país centroamericano a quienes ellos identifiquen como migrantes indocumentados salvadoreños de la pandilla MS-13, venezolanos del Tren de Aragua y de cualquier país, y delincuentes estadounidenses peligrosos, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales”.
La Bahía de Guantánamo (territorio militar ocupado en Cuba), el Alligator Alcatraz (Miami) y el Speedway Slammer (Indiana) son parte de las instalaciones para la recepción de migrantes estipulada por esta administración. Según el siguiente informe, referido a los 200 días de Kirsti Noem, hasta el 14 de agosto de 2025 se arrestaron más de 352.000 inmigrantes indocumentados y expulsaron a más de 324.000. En tanto, “el 70% de los arrestos de ICE corresponden a inmigrantes indocumentados con cargos o condenas penales en EE. UU”. Entonces, ¿el otro 30% a quiénes corresponde?
Entre ellos está Kilmar Armando Abrego Garcia, un salvadoreño capturado en una tienda de Maryland a pesar de tener protección ante deportación por la Corte, fue enviado al CECOT. Después de semanas de reclamo familiar y disputa entre la Corte, el gobierno del país y de El Salvador; lo regresaron excusando que fue “un error administrativo”, pero insistiendo en que era miembro del MS-13.
El DHS, a nombre de su secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin y Trump, publica regularmente listados bajo el lema “Worst of the worst” donde muestra el rostro de los capturados y una pequeña descripción del delito sin hipervínculos a datos comprobatorios.
Es visible un perfil fisonómico en los citados: mayoritariamente hombres de piel mestiza, de países latinos -le siguen asiáticos y africanos- con tatuajes y las fotos no tienen un patrón similar en el fondo que indique que fue tomada en establecimiento de custodia policial.
“Ya sea en CECOT, Alligator Alcatraz, la bahía de Guantánamo u otro centro de detención, no se permitirá que estos peligrosos delincuentes aterroricen a los ciudadanos estadounidenses”, Tricia McLaughlin. Julio, 8, 2025
Se prevén más centros de detención. El One Big Beautiful Bill (BBB) reserva 5 mil millones de dólares para “el arrendamiento, adquisición, construcción, diseño o mejora de instalaciones y puestos de control” operados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Además, asigna 45 mil millones de dólares a ICE para la detención de extranjeros adultos solteros y familias.
A propósito, el 14 de agosto de 2025 se publicó un informe sobre los 200 días de Kristi Noem que declara haber localizado 13,000 niños no acompañados. No se han ofrecido información sobre su estado, ni de la reestructuración de las vías para la comunicación entre niños y padres y/o localización de sus responsables legales. Lo anterior ya fue sugerido en el primer mandato tras perder el rastro familiar durante la política de tolerancia cero y la Iniciativa El Paso.
Nacionalismo y migración
En nombre de la seguridad nacional, el presidente designó el inglés como idioma oficial del país el primero de marzo de 2024 y desobligó a las agencias ofrecer servicios e información en varios idiomas. Esto dificulta el acceso informativo de las diferentes comunidades migrantes no angloparlantes puesto que solo en 2019, se hablaba español, chino, tagalo, vietnamita y árabe en más de 49 millones de hogares.
Esta Orden Ejecutiva fue la antesala para la publicada el 28 de abril de 2025: Enforcing Commonsense rules of the road for America’s truck drivers (Aplicación de las normas de sentido común para los camioneros estadounidenses), que exige la modificación de los parámetros para adquirir este trabajo e incluye requisitos más altos de inglés.
El objetivo dice ser garantizar la seguridad vial puesto que sin dominio del inglés no se podrían ejecutar las tareas pertinentes en este puesto. Sin embargo, una de sus secciones específica que se debe apoyar a los camioneros estadounidenses. Todo ello en un panorama estadístico de 3.578.000 camioneros en el país, de los cuales alrededor de 869.000 son hispanos (24,3 por ciento).
Levantar muros a más enemigos externos
En junio de 2025, el gobierno restringió totalmente la entrada a los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y limitó parcialmente la de migrantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Lo anterior es el ejercicio de una política exterior que increpa a ciudadanos porque el país de origen “mantiene políticas inadecuadas de gestión de identidad o intercambio de información, o supone algún otro riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos”, como cita el presidente en la Orden.
Este vaneo se basa en la Proclamación 9645 y 9983 del primer mandato, retiradas luego en el gobierno de Joe Biden. Por ejemplo, Chad regresa a la lista y se suman algunos como República de Congo, Guinea Ecuatorial y Togo a raíz de una posición de no concesiones frente a Estados Unidos que mantienen hoy estos países de África.
Detector de enemigos al interior.
A los infantes que cruzaron la frontera solos o acompañados, ya quienes nacieron en el calor de progenitores indocumentados se les conoce como Dreamers. La no potestad sobre esta decisión les permite permanecer acá con un estatus legal, sin embargo, es algo que el actual presidente ya puso en tela de juicio en la administración pasada.
Este 2025, Tricia McLaughlin, declaró a NPR que “los inmigrantes indocumentados que afirman ser beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidos de las deportaciones”.
USCIS informó en enero que seguirá aceptando solicitudes iniciales, pero no tramitará solicitudes iniciales de DACA en este momento. La ley que protege a los Dreamers también recibió el ataque del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas que la consideró ilegal en septiembre de 2023.
Según un reporte del medio The Independent, publicado el 16 de julio del año en curso y basado en datos de TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse y la Office of Homeland Security Status, “desde la investidura de Trump en enero, los jueces han ordenado la deportación de más de 53,000 menores inmigrantes”, y solo en abril 8.317 infantes de 11 años o menos recibieron una solicitud de salida.
En tanto, la investigación refiere que alrededor de 15.000 tienen menos de cuatro años, y 20.000, entre cuatro y once años. Además, los adolescentes experimentan un aumento de deportaciones llegando a los 17.000 expulsados, “aunque esa cifra es inferior a su pico histórico en 2020, durante el primer gobierno de Trump”.
La idea de que perseguirián sólo a inmigrantes indocumentados se rompe con la Orden Ejecutiva 14188 (Additional Measures to Combat Antisemitism) donde el Presidente rescata la OE 13899 de su primer mandato que solicitaba la protección de “los judíos estadounidenses en la misma medida que a todos los demás ciudadanos estadounidenses”.
El gobierno asume la posición discursiva y política de que:
“Los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel (…) desataron una ola sin precedentes de vil discriminación antisemita, vandalismo y violencia contra nuestros ciudadanos, especialmente en nuestras escuelas y campus. Los estudiantes judíos se han enfrentado a un aluvión implacable de discriminación”.
La nueva Orden autoriza el empleo de “todas las herramientas legales disponibles” contra acciones antisemitas y exige a las universidades monitorear e informar sobre el personal extranjero que tenga una posición antiisraelí contemplando la posibilidad de “expulsar a dichos extranjeros”.
Aunque no hay mención a la población palestina en la Orden, las detenciones a activistas propalestinos dan señales sobre otra ruta de persecución. En marzo, el estudiante de posgrado Mahmoud Khalil y participante notable en las protestas de la Universidad de Columbia, fue arrestado por ICE para su deportación, cancelando así su visa de estudiante.
Mohsen Mahdawi, también líder de manifestaciones contra la guerra en Gaza en esa Universidad fue arrestado, pero mientras asistía a una cita migratoria para solicitar su ciudadanía.
Los jueces de ambos casos impidieron la deportación de estas personas. No obstante Trump escribió en su muro:
En nombre de la seguridad nacional, el presidente restringió a Harvard la potestad de inscribir estudiantes extranjeros para tener colaboraciones con “adversarios extranjeros”. Se declara en contra de las colaboraciones entre la universidad e instituciones chinas, incluso la llama la “universidad del partido” comunista chino fuera de esa región asiática.
También la acusa de no controlar incidentes antisemitas y mantener los objetivos de “diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en sus admisiones, negando a los trabajadores estadounidenses”. Dos subvenciones millonarias del DHS a Harvard también fueron negadas por estas razones.
Universidades de Tennessee, Oregon y California también han reportado la cancelación de visas de algunos de sus estudiantes extranjeros sin razones precisas, aunque sí asociadas a activismos. Este panorama sumado a la antimigrante, hace que la comunidad de estudiantes extranjeros teman la cancelación de sus matrículas y becas.
Ahora que hay muros, zancadillas
El gobierno se ha pronunciado en contra de las subvenciones a planes de seguro médico y educativos alegando que también por sus posiciones en favor del DEI se les retiraron los fondos. Pero para consolidar estos posicionamientos se publicaron órdenes como Make America Healthy Again (MAHA) y el BBB.
La administración Trump publicó el 7 de marzo de 2025 una orden para la Condonación de préstamos por servicio público donde finaliza el perdón de préstamos estudiantiles con el empleo de fondos públicos.
Considera que estos préstamos sirven para “pagar activistas y delincuentes pro-palestinos y pro-Hamás”, y disuaden a los estudiantes estadounidenses hacia el activismo cuando deberían “desempeñarse en puestos esenciales del servicio público, como la enfermería”, en lugar de grupos activistas.
Además, restablece la Política de la Ciudad de México para detener la financiación federal del aborto en el extranjero y el fin del adoctrinamiento radical en la educación primaria y secundaria.
En tanto, el 2 de julio el Departamento de Educación acordó enmendar las regulaciones PSLF (Public Service Loan Forgiveness), justificando que “las actividades ilegales, incluyendo la inmigración ilegal, el contrabando de personas, la trata de niños, el daño generalizado a la propiedad pública y la interrupción del orden público son una amenaza”.
Dicha medida retira la subvención, grant y apoyos a organizaciones que ofrecen a las diferentes comunidades migrantes, servicios multilingües, acceso a servicios de salud y educación, o envíen ayuda humanitaria a territorios en conflicto.
Por otra parte, el establecimiento de la “Comisión Presidencial para que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, aunque pretende combatir los problemas de salud física y mental de la población, dedica varias secciones a atacar el acceso de los migrantes y personas de bajos recursos en general a beneficios públicos como el SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).
Esta orden se soporta en el MAHA Report, un documento que expresa que los beneficiarios de SNAP “enfrentan un empeoramiento de sus resultados de salud en comparación con quienes no participan y presentan un mayor riesgo de enfermedades”, argumento que utiliza para también limitar el acceso de estas personas a planes de salud.
Vale destacar que la industria comercial de alimentos en Estados Unidos produce un elevado número de productos ultraprocesados, pero que suelen ser más asequibles. En tanto la comida saludable y orgánica es cada vez más cara por lo que es deducible que personas de bajos ingresos no se las permita en su saldo SNAP.
El One Big Beautiful Bill (BBB) respalda estas medidas. A partir de ahora, para acceder al SNAP o Medicaid, los extranjeros deben cumplir con mayores requisitos y el presupuesto que se les destinó para el año fiscal 2026 es de 10.000.000 dólares hasta su uso.
Este plan también hace modificaciones en cuanto al crédito fiscal. Para solicitar reembolsos ambos padres deben tener un número de seguridad social, lo que afectará a las familias mixtas o inmigrantes. Uno de sus puntos álgidos es el aumento del crédito tributario que, aunque a primera vista se vea como el alivio en impuestos por hijo, se revierte en el acceso a recursos.
Quienes más ahorrarían serían los dueños de empresas que también pagarán menos impuestos, o sea, quedarán con mayor capital. Los montos establecidos permitían que ese dinero fuera utilizado en la cobertura de servicios públicos y subsidiados para las personas de bajos ingresos, pero el OBB nos depara al final del año, la zancadilla de la desigualdad.
Ademas, en su disposicion 71113, prohíbe que Medicaid cubra clinicas como Planned Parenthood y organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de salud reproductiva, planificación familiar, abortos seguros, examenes de deteccion de cancer y tratamientos de ITS y anticonceptivos.
Esta clínica no ofrece cifras exactas de cuántos migrantes atiende justo porque no preguntan como requisito para la atención, pero se estima que a más de 1 millón.
Premisas para subsistir en terreno de fronteras
En resumen, Estados Unidos tiene ahora más fronteras dentro de su propio territorio. Aunque la limitación de visas sea una decisión de política exterior, en la práctica diaria socava la estabilidad de millones de migrantes que intentan alcanzar lo que el propio estado ha promocionado como “sueño americano”.
Sin embargo, no hay sorpresas. Tanto en el mandato de 2017 como en el presente hay una persecución del diferente. La captura de migrantes tiene un perfil notablemente discriminatorio y etnicista y el discurso justificarlas es nacionalista. No cuenta el valor cultural ni el aporte económico, y la diversidad en términos sexuales e identitarios es la nueva enemiga.
En 2017, la “gran sorpresa” fue una política migratoria que separó a más de 3 mil menores de edad de sus tutores sin conservar los datos de comunicación: el mundo los vio dormir entre cobijas de aluminio a través de las noticias. En 2025 no hay sorpresas. Nadie capaz de apresar a menores de edad sin el acompañamiento familiar, tendrá demora para cerrar su frontera, expulsar a migrantes a terceros países sin el debido proceso e indocumentar a quienes ya fueron aceptados. Nadie capaz de atacar a la infancia se detiene antes de borrar estadísticas sociales y demográficas, censurar palabras y datos sobre mujeres, socavar los derechos de la comunidad LGBTIQ, minimizar el acceso a la atención médica y alimentos básicos a quienes viven con lo justo.
Decir “no me afecta a mi”, no fue útil antes. Tampoco lo es ahora porque en estos escenarios, poco a poco, las medidas nos alcanzan. Antes eran niñas y niños, y ahora somos todos, todes, todas.
Las consecuencias de todas las modificaciones detalladas están por comenzar pero vale recalcar que cada casa migrante es un pedacito del lugar de origen y dinamitar esos espacios es también boicotear una fuerza productiva y de valores que contribuye a este país.
Por: Equipo Editorial del Centro Integral de la Mujer Madre Tierra.
“Este contenido forma parte de “Más Allá del Miedo: Respuestas comunitarias ante el nuevo ciclo de criminalización migrante”, un proyecto periodístico de soluciones del Centro Integral de la Mujer Madre Tierra, en alianza con PhillyCAM y Kensington Voice, con el apoyo de Philadelphia Journalist Collaborative.”