Febrero de 2026 marca el centenario del Mes de la Historia Negra en Estados Unidos. Lo que comenzó en 1926 como una semana dedicada a reconocer las contribuciones de la comunidad afroamericana —impulsada por el historiador Carter G. Woodson— hoy cumple 100 años en un contexto político que ha reabierto debates profundos sobre diversidad, derechos civiles y memoria histórica.
Este aniversario no ocurre en el vacío. Coincide con una serie de medidas impulsadas durante la segunda administración del presidente Donald Trump que afectan directamente a comunidades afroamericanas y a otros grupos históricamente marginados.
Desde la eliminación de programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), hasta la remoción de exhibiciones sobre esclavitud en sitios históricos, pasando por cambios en políticas sociales y electorales, el momento invita a reflexionar sobre qué significa conmemorar la historia mientras se redefinen las políticas públicas del presente.
Por: Jonnathan Pulla, Factchequeado.
Eliminación de programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
Durante las primeras semanas de su segundo mandato, el presidente Trump firmó tres órdenes ejecutivas para eliminar iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) dentro del gobierno federal y en instituciones educativas.
Estas acciones incluyeron la cancelación de proyectos de investigación financiados con fondos federales y presiones a universidades para modificar o desmantelar programas orientados a promover la equidad racial y de género.
Al mismo tiempo, escuelas y universidades con programas de equidad racial han sido señaladas por supuesta “discriminación inversa” contra estudiantes blancos o asiáticos, utilizando como fundamento leyes federales que prohíben la discriminación racial o de género.
En diciembre de 2025, la directora de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), Andrea Lucas, hizo un llamado a hombres blancos que consideraran haber sido discriminados por iniciativas de DEI a presentar reclamos bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Organizaciones como el Fondo de Defensa Legal (LDF) de la NAACP advierten que estos cambios pueden debilitar herramientas clave que durante décadas han servido para combatir formas estructurales y menos visibles de discriminación.
El estándar de “impacto dispar” y su reducción
Una de las órdenes ejecutivas instruyó a agencias federales a reducir al máximo el uso del estándar legal conocido como “impacto dispar”.
Este concepto permite identificar políticas que, aunque no sean explícitamente discriminatorias, afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos raciales o sociales. Ha sido una herramienta importante en casos relacionados con vivienda, préstamos, empleo, educación y atención médica.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) explicó que limitar este estándar podría dificultar la detección de formas más sutiles de discriminación sistémica.
Al mismo tiempo, escuelas y universidades con programas de equidad racial han sido señaladas por supuesta “discriminación inversa” contra estudiantes blancos o asiáticos, utilizando como fundamento leyes federales que prohíben la discriminación racial o de género.
En diciembre de 2025, la directora de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), Andrea Lucas, hizo un llamado a hombres blancos que consideraran haber sido discriminados por iniciativas de DEI a presentar reclamos bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Organizaciones como el Fondo de Defensa Legal (LDF) de la NAACP advierten que estos cambios pueden debilitar herramientas clave que durante décadas han servido para combatir formas estructurales y menos visibles de discriminación.
El estándar de “impacto dispar” y su reducción
Una de las órdenes ejecutivas instruyó a agencias federales a reducir al máximo el uso del estándar legal conocido como “impacto dispar”.
Este concepto permite identificar políticas que, aunque no sean explícitamente discriminatorias, afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos raciales o sociales. Ha sido una herramienta importante en casos relacionados con vivienda, préstamos, empleo, educación y atención médica.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) explicó que limitar este estándar podría dificultar la detección de formas más sutiles de discriminación sistémica.
Recortes a programas que impactan de manera desproporcionada a comunidades negras
Cambios en SNAP (cupones de alimentos)
La ley conocida como One Big Beautiful Bill introdujo cambios en los requisitos de elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que más de 3 millones de personas podrían perder estos beneficios en los próximos años.
Las comunidades afroamericanas representan aproximadamente el 25.7% de quienes reciben SNAP, pese a constituir alrededor del 12.6% de la población total del país. Esto significa que cualquier recorte tiene un impacto desproporcionado.
Recortes en investigación sobre disparidades en salud
El Departamento de Salud y Servicios Humanos recortó más de 400 millones de dólares en investigaciones centradas en disparidades de salud que afectan a comunidades negras, personas en zonas rurales, comunidades LGBTQ+ y personas con discapacidad.
Para especialistas en políticas públicas, estos recortes podrían limitar el desarrollo de estrategias basadas en evidencia para reducir desigualdades sanitarias.
Orden Ejecutiva 14253 y la revisión de la historia
En marzo de 2025, el presidente firmó la Orden Ejecutiva 14253, titulada “Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense”.
La orden instruye al Servicio de Parques Nacionales (NPS) a revisar materiales en sitios históricos para evitar representaciones que, según la administración, “menosprecien de manera inapropiada” a estadounidenses del pasado y que, en cambio, destaquen la grandeza y el progreso nacional.
En enero de 2026, bajo esta orden, el NPS retiró los paneles y materiales que narraban la historia de las nueve personas esclavizadas que vivieron en la primera mansión ejecutiva del país, conocida como la President’s House, ubicada en el Independence National Historical Park en Filadelfia.
La exhibición incluía historias como la de Ona Judge, quien escapó de la esclavitud, y Christopher Sheels, asistente personal de George Washington.
Organizaciones locales como Avenging the Ancestors Coalition (ATAC) denunciaron la remoción. Posteriormente, el 16 de febrero de 2026, la jueza federal Cynthia Rufe ordenó restituir los materiales en el sitio.
Cambios similares también alcanzaron al Instituto Smithsonian, donde la Casa Blanca revisó exhibiciones que abordaban colonialismo, esclavitud y contribuciones de estadounidenses LGBTQ+. Algunas referencias, incluyendo los juicios políticos contra Trump y el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, fueron removidas.
En parques nacionales como El Gran Cañón y Muir Woods también se reportaron modificaciones o eliminaciones de textos relacionados con historia indígena, racismo y desplazamiento de tribus.
Prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar
Otra iniciativa impulsada por la administración buscó exigir prueba documental de ciudadanía —como pasaporte o certificado de nacimiento— para registrarse para votar.
Demandas judiciales bloquearon permanentemente esta orden ejecutiva. Los grupos demandantes argumentaron que millones de personas nacidas en Estados Unidos no cuentan con acceso fácil a estos documentos.
Un estudio previo estimó que casi el 6% de adultos nacidos en el país no tiene acceso a pasaporte ni certificado de nacimiento, afectando especialmente a adultos mayores, afroamericanos y latinos.
Además, el proyecto legislativo SAVE America Act —que requeriría estos documentos para el registro electoral— aún no ha sido aprobado por el Senado.
Memoria, derechos y el momento actual
Que el centenario del Mes de la Historia Negra coincida con debates sobre cómo se enseña la historia, quién accede a programas sociales y quién puede votar, no es un dato menor.
Para nuestras comunidades en Filadelfia —afroamericanas, migrantes, latinas— estos temas no son abstractos. Atraviesan la vida cotidiana: el acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, a la participación cívica y a la memoria colectiva.
Conmemorar 100 años del Mes de la Historia Negra implica no solo celebrar contribuciones culturales, políticas y sociales, sino también reflexionar sobre el presente y el futuro de los derechos civiles en Estados Unidos.
Porque la historia no es solo pasado: es también una herramienta para entender el presente y defender el derecho a contarlo completo.
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